El principio del Estado Social es el fundamento de una acción normativa que atienda a la igualdad y las condiciones de vida. A partir de esta premisa, siguiendo a la mejor doctrina continental europea sobre este tema, el autor realiza un exhaustivo análisis acerca de su significado e implicaciones jurídicas, con especial referencia a la situación constitucional española, afirmando que si el principio del Estado de Derecho limita la actividad del Estado y el principio Democrático legitima el carácter abierto al futuro, el principio del Estado Social impone a todos los poderes públicos la tarea de contribuir a la formación social, al tiempo que les obliga a respetar el programa del Estado de bienestar social y los objetivos de igualdad material y justicia social.